Sinopsis

En Un lugar sin refugio, serie compuesta por cincuenta fotografías tomadas entre 2014 y 16, Alejandro S. Garrido atiende al proceso de regeneración sufrido por el centro de Madrid en la última década. El fotógrafo evalúa las tensiones creadas por el modelo de desarrollo urbano y los límites que este impone a la experiencia cotidiana de la ciudad. Garrido toma la Gran Vía y su área de influencia como marco de acción, para adentrarse en su reactualización como lugar estratégico de inversión. La serie se organiza como un recorrido por los barrios de Chueca, Universidad y Sol, tomando en cuenta problemáticas como la gentrificación, la turistificación, la pérdida patrimonial o la homogeneización social y comercial.

Para el autor, los centros históricos son aquellos lugares en los que se forma la identidad de una ciudad en el imaginario colectivo. En ellos se define el sentido de pertenencia dentro de la comunidad urbana. Sin embargo, arrojados por sus gobernantes a las fauces del mercado inmobiliario y la industria turística, estos son devorados por una dinámica de expulsión en la que su significación se desvanece sin remedio. Sin historia ni vecindad, entregada al consumo desnudo, la ciudad como escenario de la vida queda reducida a mera carcasa.

Abstract

In A Place With No Shelter, a series made up of fifty photographs taken between 2014 and 16, Alejandro S. Garrido looks at the regeneration process that Madrid Downtown has suffered in the last decade. The photographer reviews the tensions created by the urban development model and the limits that it imposes on the daily experience of the city. Garrido takes Gran Vía, one of the largest streets in Madrid, and its area of influence as his framework, to delve into its updating as a strategic investment location. The series is organized as a journey through the neighborhoods of Chueca, Universidad (also known as “Malasaña”) and Sol, taking into account problems such as gentrification, touristification, loss of heritage or social and commercial homogenization.

For the author, historic centers are those places where the identity of a city is formed in the collective imagination. They define the sense of belonging within the urban community. However, thrown by their rulers into the jaws of the real estate market and the tourism industry, they are devoured by a dynamic of expulsion in which their significance irremediably vanishes. Without history or neighbors, given over to naked consumption, the city as the scene of life is reduced to a mere carcass.

El 1 de enero de 1995, siguiendo la senda liberalizadora emprendida por el “decreto Boyer” de 1984, entró en vigor una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta norma abrió la puerta a la extinción de los contratos de renta antigua al reducir notablemente las subrogaciones y establecer un periodo de diez años para su actualización. Hasta entonces, la escasa rentabilidad de la vivienda en alquiler había desincentivado la conservación de los inmuebles situados en el casco histórico de Madrid. La falta continuada de inversión condujo a los barrios más envejecidos a una situación insostenible de degradación social y arquitectónica. La nueva LAU favoreció la revalorización del área, permitiendo a los propietarios que lograban obtener la declaración de ruina, deshacerse de sus inquilinos mientras accedían, en algunos casos, a subvenciones para la rehabilitación de viviendas. Aunque las buenas expectativas de crecimiento lograron atraer la inversión, también crearon un ambiente de fiebre especulativa en el que fueron comunes prácticas como la acaparación de inmuebles en desuso, el deterioro deliberado de edificios, el engaño o el pago de sobornos a inquilinos para que abandonaran sus casas y, en última instancia, el recurso a “asustaviejas” que amenazaban verbal y físicamente a quienes se negaban a rescindir sus contratos. De la noche a la mañana, la mensualidad de locales y viviendas en el centro de Madrid llegó a quintuplicarse, comprometiendo la viabilidad del pequeño y mediano comercio y forzando el progresivo reemplazo demográfico que se consolidaría durante la década siguiente.

Cuando el periodo para la actualización de los contratos de renta antigua previsto por la LAU tocó a su fin en 2004, Ayuntamiento y gobierno regional emprendieron un proceso de regeneración urbana destinado a transformar el centro de Madrid en una “marca” de referencia internacional. Entre 2006 y 2011, las autoridades públicas crearon el marco óptimo para la llegada de las grandes firmas y franquicias, liberalizaron horarios comerciales y períodos de rebajas y peatonalizaron calles y plazas en los ejes principales de Fuencarral-Montera-Arenal o Preciados-Carretas. Siguiendo un modelo de “colaboración público-privada”, la reconversión de los antiguos mercados de abastos en centros gastronómicos fue también central en la nueva planificación urbana. Destinados al visitante esporádico, los mercados perdieron en gran medida su función organizadora del tejido social. Con distintos grados de éxito, San Antón, San Miguel o Barceló fueron claros ejemplos de esta dinámica. Finalmente, con el objetivo de desplazar actividades “indeseables” como la prostitución callejera, el consumo de drogas o el “botellón” en las plazas, las autoridades emprendieron una estrategia de pacificación y limpieza. Para ello combinaron la mediatización sensacionalista de dichas actividades en la televisión autonómica, la instalación de cámaras de vigilancia en la calle y la apertura de dos comisarías de la Policía Municipal en la calle Montera y la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, dos puntos considerados particularmente conflictivos.

En 2007, por orden del Alcalde Ruiz-Gallardón, la policía cortó el acceso a la plaza del Dos de mayo con el objetivo de impedir la celebración de las fiestas populares del barrio de Universidad por cuarto año consecutivo. Desde 2002, la “ley antibotellón” se había aplicado con rigor extremo, creando el clima de creciente tensión en el que aquella noche se desencadenó la revuelta de centenares de jóvenes. La violenta represión policial saldó los disturbios con setenta heridos y veinte detenidos y marcó, tras dos noches de enfrentamientos, el final del “botellón” en Malasaña. Sin embargo, las plazas desalojadas pronto se saturaron con terrazas licenciadas por el Ayuntamiento. Un año después del motín, bajo el lema “Okupación Creativa”, el entramado inmobiliario TriBall (Triángulo Ballesta) puso a disposición de diseñadores de moda y artistas multidisciplinares los cuarenta y cinco locales comerciales que acaparaba. Los proyectos que estos presentaron, afirmó un representante de TriBall, estaban “en sintonía con una filosofía de barrio auténtico y cosmopolita”. La iniciativa, cuyo objetivo declarado era incrementar el valor de la zona, contó con el apoyo abierto e incondicional de las instituciones públicas. La estrategia funcionó y en pocos años el precio del alquiler en Malasaña o Chueca creció una media del 30%. Sin embargo, la pujante clase creativa que se había instalado en el área, vio su futuro en peligro cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria abrió un nuevo espacio de oportunidad para la inversión internacional y la industria turística.

En una situación de crisis profunda en la que se desalojaba diariamente a familias sin alternativa habitacional, el estancamiento de precios y stock situó a la Gran Vía y a su área de influencia en el punto de mira de los grandes inversores. Las operaciones de compra-venta de edificios emblemáticos y grandes paquetes de vivienda se dispararon. El ciclo 

inmobiliario naciente se vio favorecido tanto por la aparición de nuevas vías de inversión como las SOCIMI (Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), como por la entrada en vigor de la Ley de Fomento del Alquiler de 2013, una modificación de la LAU que profundizó en la flexibilización del mercado del alquiler al desvincular la subida de los precios de la evolución del IPC. La medida permitió que las rentas subieran en el distrito un 15% en cuestión de pocos meses. La consecuencia inmediata fue la expulsión de inquilinos y el aumento descontrolado del número de viviendas dedicadas al alquiler turístico. Los fenómenos de turistificación y gentrificación del casco histórico se vieron también agravados por la reconversión sistemática de edificios en flagships de las grandes compañías de retail, oficinas prime, hoteles o apartamentos de lujo.

En 2014, atendiendo a este contexto y tomando la Gran Vía como eje articulador, quise fotografiar la situación del centro de Madrid por dos motivos. El primero era mi implicación biográfica y emocional con el tema y el lugar. Había sido testigo durante años de los cambios sucedidos en un área que frecuentaba casi diariamente y a la que me sentía profundamente vinculado. La segunda razón era la proximidad, una mera condición de posibilidad ya que, en aquel momento, trabajaba en una taberna cercana y solo disponía de un par de horas diarias, las que separaban el cierre del turno de comidas y la apertura del de cenas, para tomar las fotografías. La premisa del proyecto era atender a la reactualización de la Gran Vía como eje estratégico de inversión, tratando de evaluar las tensiones creadas por el modelo de producción espacial vigente y los límites que este impone a la experiencia urbana. Quise trabajar, además, con la limitación de evitar mostrar la avenida en sí. Prefería concentrarme en sus vertientes traseras y barrios aledaños, aquellos lugares que aunque escapaban a su monumentalidad, se veían irremediablemente condicionados por su presencia e influencia.

La Gran Vía fue construida a partir de 1910 como lugar de prestigio en el marco de una ciudad espacial y socialmente dualizada. En gran medida fue el resultado del ciclo de acumulación especulativa inaugurado por la Ley de Inquilinato de 1842. El excedente de esta acumulación posibilitó el posterior desarrollo de los ensanches burgueses entre 1860 y 1930. Esta ley liberalizó el precio de las rentas urbanas en un período de aumento de la demanda provocado por una notable afluencia migratoria. Contando la ciudad con un parque de vivienda insuficiente e insalubre, la burguesía rentista madrileña, displicente ante el emprendimiento industrial, se valió de esta ley para rentabilizar sus activos. Como dispositivo urbano, la Gran Vía cumplió una función de homologación con el régimen de desarrollo capitalista en el marco internacional de la II Revolución Industrial. En un escenario de dependencia de capitales y tecnologías extranjeras, un escaparate competitivo resultaba crucial para la atracción de inversores en busca de oportunidades de expansión. Tanto es así que su último tramo, cuya construcción se retomó en los últimos años de la autarquía, contó con los rascacielos más altos de Europa. En una situación de aislamiento político y bancarrota del país, estos fueron la expresión de una prosperidad anhelada por un Madrid miserable, más un espejismo de modernidad que el resultado de un auténtico desarrollo nacional.

La puesta en valor de los centros históricos en detrimento de ciertos sectores periféricos ha respondido, en el caso de múltiples capitales occidentales, a una narrativa que caracteriza los espacios como exitosos o fracasados en términos puramente empresariales. Aunque este proceso ha impulsado la renovación de importantes segmentos urbanos, la nueva configuración homogénea de los centros como escaparates turísticos conlleva significativas pérdidas de tejido social, comercial y patrimonial. Los centros históricos son aquellos lugares en los que se forma la identidad de una ciudad en el imaginario popular, en ellos se define el sentido de pertenencia dentro de la comunidad urbana. Por eso, un centro inclusivo puede representar un papel determinante a la hora de promover la cohesión social y una saludable esfera pública. Frente a la periferia como lugar difuminado en el que se descompone lo habitable, un centro accesible puede contribuir a consolidar un sentimiento de comunidad integrada. Un centro excluyente y privilegiado, por contra, promueve una sensación opuesta de desarraigo e inferioridad en aquellos que quedan al margen. Ante la dispersión de la periferia, la pérdida de significación del centro y la creciente dualización urbana, resulta necesario construir un nuevo imaginario que logre ordenar este paisaje fragmentado y explicar la ciudad como el conjunto de espacios híbridos e interdependientes que es en realidad.

Hotel Óscar en la plaza de Pedro Zerolo. La cadena hotelera Room Mate, propiedad del popular empresario Enrique Sarasola, fue la primera en integrar la vivienda turística dentro de la oferta hotelera. Firmando acuerdos de gestión con los propietarios de viviendas, la cadena comenzó derivando a sus clientes a estas en periodos de elevada demanda. Actualmente gestiona cuatro bloques completos de pisos turísticos en el área. No es la única cadena en adoptar este modelo de crecimiento. Sidorme, por ejemplo, adquirió cuarenta apartamentos en las calles de Fuencarral y Montera en 2016. En la actualidad, se estima que existen alrededor de catorce mil pisos turísticos en el centro de Madrid.